Durante el mes de la participación se realizaron 2.298 diálogos autoconvocados, los que incluyen 68 diálogos de niños, niñas y adolescentes y 67 diálogos con mayoría de participantes pertenecientes a los pueblos indígenas o Pueblo Tribal Afrodescendiente. El proceso contó con un 53% de participantes hombres y 46% de mujeres. El 60% de las personas que participaron se encuentran en el rango de edad entre 14 y 30 años.
Los temas que más priorizaron los grupos de conversación fueron, en primer lugar, la protección al medio ambiente (601 diálogos), derechos y libertades fundamentales (445 diálogos) y en tercer lugar abordaron el tema de cómo debería funcionar la justicia (321 diálogos).
Los resultados de los diálogos autoconvocados reflejan la diversidad de opiniones y preocupaciones de chilenos y chilenas en torno a la construcción de una nueva Constitución, así como la relevancia de temas fundamentales como participación ciudadana, autonomía territorial, derechos sociales, protección de las víctimas, y la integración política y cultural de los pueblos indígenas. Estos resultados fueron presentados ante el pleno del Consejo Constitucional el pasado 21 de julio y ante las cuatro comisiones que lo componen.
Principales Hallazgos
En los resultados de los temas asociados al Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, los participantes destacan la educación cívica como componente esencial del derecho a la participación ciudadana. Asimismo, la descentralización es asociada con la participación ciudadana directa y la eliminación del delegado presidencial para fortalecer la autonomía territorial. Existe diversidad de opiniones respecto a la obligatoriedad del voto y se apuesta por una mayor integración y representación política y cultural de los pueblos indígenas, pero en el marco de una identidad unificadora de nación y sociedad.
En la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, los y las participantes solicitan una aplicación más severa de la ley y se enfatiza en la protección de las víctimas, valorando la creación de la Defensoría de las Víctimas. Los y las participantes también plantean la necesidad de mayor eficacia y agilidad de los procesos judiciales e investigativos y proponen incluir en la redacción del texto conceptos como “tiempos breves” o “urgencias”. También predominan entre las respuestas conceptos en torno a la importancia de la “justicia igualitaria”, “igualdad ante la ley”, o expresiones que aluden a acabar con criterios o tratos arbitrarios y discriminatorios al momento de juzgar o impartir justicia.
Los y las participantes valoran la autonomía de órganos como el Banco Central y el Ministerio Público, pero hacen hincapié en un llamado a mayor fiscalización y transparencia en sus funciones.
En los temas competentes a la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, los participantes reconocen la salud y educación como derechos sociales que deben ser abordados de manera prioritaria. También abogan por fortalecer la educación cívica de Niños, Niñas y Adolescentes, de la mano de una progresiva participación política. Se destaca la importancia de la dignidad humana, igualdad de género y un Estado Social y Democrático de Derecho, junto con la necesidad de afirmar la pluralidad en cuanto a las formas de familia. El derecho a la vida es comprendido de diversas formas, mientras algunos grupos lo conciben como el derecho a una vida digna que habilite otros derechos, otros lo expresaron como el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
Por último, los resultados asociados a la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales dan cuenta de que los y las participantes demandan una amplia gama de derechos sociales, entre los cuales destacan salud y educación, junto con otros como la vivienda, participación ciudadana y seguridad. Se manifiesta una preocupación especial por la ausencia de la educación superior y técnica en el texto constitucional, y además, se reconoce la relevancia del derecho a la salud mental como un tema prioritario.
Los grupos a su vez, relacionan de manera directa el derecho a un medio ambiente protegido y la necesidad de la regulación de la actividad económica. También, valoran la inclusión del artículo relativo al deber del Estado de mitigar los efectos del cambio climático y existe una preocupación por cómo se consagra el derecho al agua. A su vez, también destacan el concepto de sustentabilidad como principio político guía transversal.